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V. Davydov


CLARIDAD POR ATRÁS, INCERTIDUMBRE POR DELANTE
(A guisa de conclusión)


Hoy, pasadas tres décadas desde que dejaron de ser el generalísimo Franco y su régimen, podemos afirmar con pleno fundamente que el estado actual de España está determinado por el funcionamiento de instituciones democráticas generalmente consolidadas, la coexistencia competitiva de partidos políticos que representan de modo bastante completo el espectro de las principales capas y grupos de población, y por el ingreso del país en la categoría de los estados con un nivel considerablemente alto de desarrollo económico y bienestar. Para llegar a esta situación España ha tenido que cubrir un largo y arduo camino. Comparándolo con la trayectoria socio-económica de otros  países que a finales del siglo XX vivieron una transformación sistémica o el cambio del modelo de desarrollo, uno encuentra no pocos argumentos para deducir que España ha sabido vencer muchos obstáculos en las vías de esta transición histórica. Sus resultados impresionan post factum, tomando en consideración las características cualitativas de los puntos de partida y la enorme distancia recorrida por la nación española de los inicios de su escalada a las cotas de los estados democráticos desarrollados.


¿Ha sido llano este camino? Por supuesto que no. Recordemos el período especialmente turbulento que se extiende desde mediados de los 70 hasta principios de los 80, cuando parecía que el destino de la joven democracia estaba colgado de un hilo, cuando la recesión económica contrastaba con "la irrupción de las masas populares" que aspiraban no sólo a disfrutar de libertades civiles, sino también a una compensación económica por el largo período de "austeridad", cuando la brusca subida de los precios del petróleo asestó un duro golpe a la economía española energo-deficitaria. La situación se veía agravada por el problema étnico-territorial especialmente agudo en el País Vasco. Fue difícil adecuar la economía española a las exigencias de la Comunidad Económica Europea (CEE). También tuvo altos costos la decisión sobre el ingreso en la OTAN. Más tarde, ya en este nuevo siglo se presentó el duro dilema de la actitud a adoptar con respecto a la participación en la ocupación de Irak. Al hacer su elección en pro de la intervención militar, el gobierno del Partido Popular encabezado por Aznar faltó a la tradición del consenso social, que es una de las premisas más importantes para el éxito de la democratización y la estabilidad socio-política. Ello costó caro a los "populares". Ellos mismos firmaron su sentencia. Por otro lado, el rechazo a Aznar y su partido constituye una muestra de madurez de la sociedad civil española, que dictó tan severo veredicto a los políticos.
En conjunto, los fructuosos resultados de la histórica transición en España son alentadores. Pero esto se refiere al balance del siglo XX. ¿Cabe considerarlo como plena garantía de que España seguirá avanzando con igual fortuna en el siglo XXI? No creo que podamos estar plenamente seguros de ello.


Hoy, como miembro de la Unión Europea ampliada, gozando del nuevo estatus de país que traspasó el nivel medio de desarrollo en la escala de la UE, España ya no puede contar con las condiciones privilegiadas de integración. Es más, la "Gran Europa" "devora" parte considerable de los antiguos privilegios competitivos de la economía española, en particular los que tenían que ver con la existencia de mano de obra relativamente barata. Otro serio reto está relacionado con la "emigración" de algunas empresas no sólo al este o sudeste del continente europeo, sino también al dinámico Lejano Oriente. Mientras tanto, aumenta la presión generada por el flujo de inmigrantes de procedencia de los países magrebíes y las regiones colindantes del África Negra. Aún sigue abierta la úlcera del terrorismo etarra. ¿Será posible mantener el equilibrio social en tales condiciones?


A España no puede menos de preocuparla la situación en el campo de seguridad energética ante la brusca subida de precios de los hidrocarburos y la creciente inestabilidad en las regiones donde están ubicadas las fuentes de suministro energético, tradicionales para España. Se plantea el problema de su diversificación, pero el enfoque de esta tarea estratégica sigue adoleciendo de inercia.


Sigue habiendo problemas también en cuanto se refiere a la nivelación de España con los estándares de la Europa desarrollada. En los años 80 y 90 se hizo bastante con el fin de incrementar el potencial científico-técnico nacional, pero ello resulta insuficiente para crear un mecanismo eficaz de economía innovadora y para pasar a una "economía del conocimiento".
¿Cuál será la coyuntura para la industria de turismo, uno de los sectores clave de economía española? A su  tiempo supo sacar partido de la turbulencia en los Balcanes.  Actualmente en el área balcánica se restablece el potencial del turismo económico y se está promoviendo el mercado de los países de Europa Central y Oriental, que cuenta con fuerte atractivo para la clientela de la "vieja Europa". Es obvio que la industria turística española tendrá que afrontar una competencia más reñida. Otro tema importante es el de cómo se portará la agricultura de España al tener que competir con los "novatos" de la Unión Europea, especialmente en el caso de que Bruselas se ve finalmente obligada a ceder en la cuestión de las subvenciones agrícolas durante la nueva ronda de negociaciones en el marco de la OMC y en el diálogo interregional con los socios latinoamericanos, que están incrementando su potencial de exportaciones agropecuarias?


Lamentablemente, el programa del gobierno actual de Zapatero ofrece muy pocas respuestas convincentes.
En un pasado reciente se cifraron grandes esperanzas en la creación de la Europa unida, tanto desde el punto de vista de multiculturalismo civilizado como en previsión de una posible realización de las ambiciones regionales en el espacio transnacional en el marco del concepto de "la Europa de las regiones". Dicho con otras palabras, se suponía que la UE iba a ser algo así como una válvula de escape que permitiría rebajar la presión en la caldera de cuentas  pendientes entre el centro y las regiones. Las cosas no han salido tan bonitas como se esperaba.
Los disturbios de noviembre de 2005 en el cinturón de París y otras ciudades francesas con alto porcentaje de población inmigrante del "tercer mundo" son mal síntoma. En España la afluencia de inmigrantes de otras civilizaciones hasta el momento es mucho menor, aunque algunos barrios de Barcelona y Madrid ya están cambiando de aspecto y allí surge una tensión adicional.


Pero, como bien se sabe, hay en España un problema de otra índole que se plantea más agudo. El concepto de "la Europa de regiones" es esgrimido desde el campo de los nacionalistas regionales con pronunciadas connotaciones separatistas. Tanto en Cataluña como en el País Vasco la profundización de la integración política de la Unión Europea es vista por muchos como una buena ocasión para cercenar las facultades de Madrid en sus relaciones con las Comunidades Autónomas e incrementar la soberanía de las regiones. Allí piensan desplegar a marchas forzadas el proceso de delegación de una parte cada vez mayor de la soberanía de los Estados-nación no sólo hacia arriba, en el nivel de las estructuras transnacionales de la UE, sino también hacia abajo, en las élites regionales. Y hay que decir que las comunidades "especialmente autónomas" logran estar directamente representadas en Bruselas en un campo de asuntos cada vez más amplio, a despecho de la posición de Madrid.


Lamentablemente, todo ello sigue siendo favorecido por la cierta vaguedad, falta de precisión en las bases institucionales y políticas del Estado de autonomías. Actualmente podemos decir con más seguridad que esta fórmula ha sido una solución provisional. Cumplió su función en la etapa transitoria. Pero una vez concluida la transición, en el contexto nuevo de una etapa de evolución progresiva, se requieren nuevas recetas. Este es hoy un tema central en las discusiones políticas que se desarrollan en España. Resulta difícil enfocar el problema en términos de conjunto, habida cuenta de las asimetrías existentes en la propia estructura de las autonomías y el hecho de que las demandas de las regiones varían en un diapasón muy amplio. Dejando a un lado el radicalismo extremo de ETA y limitándonos a considerar las formas legales de expresión de los intereses nacionales y regionales, cabe decir que las propuestas que más pretensiones encierran son los proyectos vascos de transición al estatus de Estado asociado con compromisos mínimos respecto a Madrid. Por lo que atañe a los nacionalistas catalanes, sus ambiciones aparentemente menos radicales en esencia suponen casi el mismo grado de soberanización. En otros casos las pretensiones varían en el campo del incremento de la autonomía cultural, la redistribución de recursos fiscales, más amplias posibilidades de representación en el extranjero.


Por su ideología, el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español, comparado con los  que le antecedieron junto al timón del poder estatal, mantiene una postura más cercana al concepto de federalismo. Posiblemente, en fin de cuentas precisamente sea éste el camino que permita dar una solución duradera, debidamente concertada al problema étnico-regional en España. Sin embargo, todavía se deja sentir la inercia del rechazo a las ideas federalistas: el propio término provoca "alergia" en muchos representantes de la élite política madrileña. El problema más serio es la interpretación de esta cuestión en la Constitución que, en esencia, cierra la puerta a una estructura federativa, y esto significa que todo avance en esa dirección deberá pasar necesariamente por la reforma de la Ley Fundamental. Otro problema es la asimetría de los Estatutos de Autonomía vigentes, a los que será difícil unificar, dada la postura de las regiones que gozan hoy de mayor autonomía el País Vasco, Navarra, Cataluña que se muestran renuentes a una nivelación general de las facultades otorgadas a las Comunidades Autónomas: difícilmente les llegue a gustar la idea de verse reducidas a un común denominador.


En todo caso, hoy es evidente a todas luces que la falta de regulación del problema étnico-regional sigue siendo una "mina de acción retardada" que subyace en los cimientos del Estado español.
En las nuevas condiciones a España no se está esperando un desarrollo histórico apacible. El país tendrá que buscar tenazmente nuevas soluciones quizá, no tradicionales para asegurar el desarrollo sostenible, fortalecer las posiciones de la economía nacional competitiva y armonizar las relaciones entre Madrid y las regiones, para fortalecer su prestigio en el seno de la UE, para complementar las relaciones que tradicionalmente ha venido manteniendo con diversos socios en el ámbito exterior, abriendo nuevas vertientes de colaboración internacional en sintonía con la globalización. 

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